25 May, 2026

“A la Universidad se lo debo todo en mi carrera profesional”, dice

Luego de superar un exigente proceso de selección, el doctor Daniel Ernesto Cerna Salazar, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), fue nombrado juez titular de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, con sede en Lima.

El nombramiento del juez penal trujillano se consolidó en la sesión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) del 5 de mayo, y su incorporación a la institución judicial, considerada una de las más importantes del sistema judicial peruano, es un logro alcanzado con base en los méritos académicos y jurídicos reconocidos a través de cada una de las etapas del proceso de selección.

“Los miembros de la JNJ fueron muy exigentes durante la evaluación de los postulantes. En la tercera etapa de evaluación, quedamos 95 y aprobamos solo 14 para la última entrevista. Al final, 9 ganamos las plazas”, comentó.

El doctor Cerna Salazar recuerda su paso por las aulas orreguianas y a los docentes que dejaron huella en su formación profesional: Carlos Castañeda Cubas, Guillermo Urbina Ganvini y Orlando Gonzales Nieves, entre otros, a los que recuerda con muchísimo afecto. Todos, reconocidos profesionales del derecho.

“A la UPAO se lo debo todo porque en sus aulas se forjó mi vocación por el derecho penal. Mi familia también influyó mucho, principalmente mi padre, Daniel Cerna Bazán, reconocido fiscal trujillano”, aseguró.

Recuerda las exigentes clases de profesores que despertaron en él su gusto por la investigación en materia penal. También evocó sus tiempos en el Secigra en la Corte Superior de Justicia de La Libertad y su ejercicio como abogado litigante hasta el 2012, cuando postula y gana la plaza para ser fiscal provincial anticorrupción de Lima.

En el 2016 postula e ingresa al Poder Judicial, como juez titular penal de Ventanilla, en el Callao. Luego, ese mismo año, se integra a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, donde se tramitan casos de crimen organizado, corrupción de funcionarios, lavado de activos, terrorismo y tráfico ilícito de drogas con alta repercusión nacional.